Los hechos que dieron origen al proceso inician al primer mandato del congresista quién es investigado por presuntas anomalías en la firma del Convenio 748 del 22 de septiembre de 2008, suscrito entre la Gobernación del Tolima y la empresa EGETSA S.A. ESP.
El objeto del convenio incluía
obras de alcantarillado, supervisión técnica y fortalecimiento institucional.
La audiencia pública en contra
del exgobernador es uno de siete que se siguen en contra del ex gobernador. Este
proceso, con ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, se pone en
la lupa un convenio que fuera firmado por el entonces secretario general
Agustín Mauricio Pinto Rondón en el año 2008.
Se investiga si, al parecer,
el convenio permitió que se ejecutaran obras civiles sin licitación, sin un
acto administrativo que justificara la contratación directa, con deficiencias
en la planeación, entre otros.
Uno de los aspectos más graves
del proceso radica en la presunta relación entre estos recursos públicos y la
financiación de la campaña de Barreto a la Gobernación.
Uno de los detalles que llama
la atención dentro del proceso, es que parte del dinero habría sido entregado a Diego
Fernando Rodríguez Chavarro, un subcontratista que habría aportado
económicamente a dicha campaña.
