Volteo de tierras es denunciado en Mariquita

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La demanda ante la Procuraduría General por “Volteo de Tierras” fue radicada el pasado 7 de abril de 2022 por el ingeniero Catastral y Geodesta José Antonio Serna, por presuntas faltas gravísimas conforme a lo normado violando la ley 1952de enero de 2019 por cuanto el alcalde   del municipio de Mariquita,  Juan Carlos Castaño y los 13 concejales de manera directa y decisoria aprobaron el Acuerdo 025 de 28 de diciembre de 2020.

Dicho acuerdo complementa de manera excepcional el PBOT (Acuerdo 019 de 2004), incorporando el polígono del suelo suburbano y se dictan otras disposiciones, este fue debatido en comisión el día 22 de diciembre de 2020 en primer debate y en plenaria en segundo debate en sesión extraordinaria el 216 de diciembre de 2020, pasando a sanción del alcalde, quien lo sanciona y publica el día 29 de diciembre de 2020.

El acuerdo en mención en su artículo 5 ordena “Incorporar al ordenamiento  territorial del municipio de San Sebastián de Mariquita, la categoría de suelo suburbano al interior del suelo rural, lo cual se materializa en el plano FR-15M según los puntos y coordenadas, de acuerdo a los polígonos allí descritos; pero omite  de manera irregular el cálculo de la cabida  superficiaria, la que es aproximadamente  de Seis millones veinticuatro mil M2, evitando de esta manera que supuestamente que los concejales se enteren y promuevan un necesario debate por demás engorroso,  por lo se  modifican  los usos de suelo sin estudios técnicos .

En cuanto a la plusvalía se determina en el acuerdo 25  las áreas de terreno zonificadas y establecidas en el acuerdo, las cuales deberán ser objeto de participación en plusvalía, conforme a la ley 388 y que se definen en su articulo 73, y que en un aparte manifiesta que La participación  y aprovechamiento de las entidades publicas por plusvalía se destinara a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones de desarrollo urbano, mejoramiento del espacio público y en general a la calidad urbana del territorio municipal . En el municipio de Mariquita esta normada en el acuerdo 14 de 2018 (Estatuto de Rentas), artículos 140 al 155, de acuerdo a lo expresado por el demandante, la dependencia responsable en el municipio no ha iniciado el proceso de recaudo, fiscalización y cobro de la participación de la plusvalía, transcurridos más de 15 meses de entrada en vigencia del acuerdo 025 de 2020.

En la actualidad el municipio expide licencias de urbanismo y construcción en zona suburbana sin exigir el pago del gravamen de plusvalía, violando el decreto 1788 de 2004 en su artículo sexto. Siguiendo la metodología del IGAC, para el cálculo del plusvalor el valor de cada metro cuadrado paso de diez mil pesos($ 10.000) a cien mil pesos ($100.000), teniendo en cuenta el porcentaje  de participación  en plusvalía a liquidar  desde el primer semestre del 2019 que corresponde a un 50%  del mayor valor adquirido por los inmuebles en el área de influencia delimitada en el acto administrativo es de ($271.080.000.000) que pertenecen al municipio de Mariquita, lo que estaría generando el volteo de tierras en favor de terceros.

Consultada la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA acerca de la legalidad de la modificación realizada al PBOT por la alcaldía de Mariquita, responde que en mesa técnica dicha corporación evidencio la modificación realizada al PBOT y se aclaró que el municipio no podía haber realizado esta modificación excepcional sin cumplir con lo establecido en el decreto 1232 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin cumplir además con lo normado por la ley 99 de 1993 y sin cumplir con lo normado en la ley 388 de 1997 en sus artículos 24, que por lo tanto la expedición  del acuerdo 25 es ilegal  (violatorio de la CPC en su artículo 82, por lo tanto se tipifica Volteo de Tierras: Modificaciones irregulares e ilegales de los Planes de Ordenamiento Territorial con fines de lucro.

Una de las dificultades que afronta la planeación territorial en Colombia y detectada en varios municipios que generan corrupción consistente en modificaciones sin fundamento técnico de los PBOT para la urbanización de suelos agrícolas generando aumento vertiginoso de los precios de los predios.

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