La mandataria argumentó que la resolución del MinAgricultura vulnera la autonomía de las entidades territoriales. Aseguró que está dispuesta a un debate respetuoso y argumentativo antes de que la medida entre a regirse.
"Consideramos que esto es
un raponazo a la autonomía de las entidades territoriales", expresó Matiz
al manifestar su desacuerdo con la Resolución 352 de 2024, mediante la cual el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece las Zonas de Protección
para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el corredor agropecuario de la
cordillera norte-occidental del Tolima. Esta área incluye los municipios de
Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno.
La mandataria expuso su postura
durante un encuentro en Ibagué organizado por la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA), en el que participaron gremios del sector agropecuario y
la academia.
Basándose en sentencias de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Matiz reiteró que la resolución
“elimina las competencias para decidir sobre el futuro del departamento,
vulnera el principio de autonomía territorial, desconoce el derecho de consulta
previa de las comunidades étnicas y transgrede la competencia exclusiva de los
municipios sobre el uso del suelo”.
Asimismo, señaló que la
resolución del Ministerio de Agricultura nunca fue socializada y que su rechazo
a esta medida cuenta con el respaldo de los alcaldes de Falan, Villahermosa,
Líbano, Murillo, Casabianca, Palocabildo, Herveo y Fresno.
De manera clara y contundente,
la gobernadora solicitó formalmente al Ministerio de Agricultura la suspensión
de la resolución hasta que se realicen procesos de socialización amplios con
actores clave, como alcaldes, concejos municipales, gremios, la asamblea
departamental, la academia y demás interesados en el futuro del norte del
Tolima.
Matiz también cuestionó que la
medida no tuvo en cuenta el Plan de Desarrollo del Tolima, que define las
especializaciones productivas de cada región.
"El Acuerdo de Escazú
promueve procesos participativos, abiertos e inclusivos. Esta no es una
oposición irracional. Exigimos respeto por la autonomía territorial. Todos
estamos comprometidos con la producción de alimentos y la protección del medio
ambiente. Sin embargo, si no somos escuchados, emprenderemos acciones
judiciales, algo que preferiríamos evitar. Estamos listos para una discusión
argumentativa y respetuosa”, concluyó Matiz.
