Ante un posible incumplimiento de las medidas dictadas el Tribunal Superior de Ibagué
abrió un incidente de desacato contra la Gobernación del Tolima y la
Presidencia de la República, a raíz del incumplimiento de medidas ambientales
relacionadas con el Parque Nacional Natural Los Nevados. La decisión se
notificó el 22 de enero y surge de una tutela que declaró al parque como sujeto
de derechos, con el objetivo de proteger su ecosistema y garantizar el
abastecimiento de agua para Ibagué y algunos municipios del norte del Tolima.
El desacato se fundamenta en
la modificación del pico y placa ambiental decretado por el tribunal en el
tramo entre Murillo y Manizales. En diciembre de 2024, la Secretaría de
Tránsito y Transporte del Tolima emitió la Resolución 24-19, estableciendo
horarios que flexibilizaban la medida. Esta acción fue considerada una
alteración injustificada de la decisión judicial.
“El Tribunal Superior de
Ibagué decretó un pico y placa ambiental entre el municipio de Murillo y la
ciudad de Manizales. Este pico y placa ambiental se hacía debido a la afluencia
descontrolada del bordado de turistas que generaba un impacto ambiental nocivo
para estos lugares tan frágiles ambientalmente”, dijo Juan Felipe Rodríguez,
abogado que interpuso la acción de tutela con la cual, el Tribunal Superior del
Tolima, nombró sujeto de derechos al Parque Natural Nacional de Los Nevados e
interpuso el desacato.
Según el jurista, “esta
decisión, en principio, fue acatada por todas las entidades. Todas las
entidades colaboraron para que se cumpliera a cabalidad este pico y placa. Sin
embargo, en diciembre del año pasado, a través de la resolución 24-19, el 12 de
diciembre del 2024, la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Gobernación de
Tolima, de manera inesperada, injustificada, modificó o impuso un horario a
este pico y placa, cuando eso no lo había contemplado el Tribunal”.
Asimismo, el abogado Rodríguez
refirió: “Ante esa irregularidad, yo presenté el incidente de desacato ante el
tribunal, que la Gobernación de Tolima, en cabeza de Ariadna Magalí Matiz y en
cabeza de su secretario de Tránsito y Transporte de la fecha, Luis Arturo
Mendoza Alemán, pues, que estaban incumpliendo, estaban desacatando la medida
de pico y placa, ya que la resolución flexibilizaba de manera injustificada la
medida de pico y placa”.
El Tribunal responsabilizó a
la gobernadora del Tolima, Adriana Magalí Matiz, y al secretario de Tránsito y
Transporte de la fecha, Luis Arturo Mendoza Alemán, por el presunto
incumplimiento. Además, extendió la obligación de cumplimiento al presidente de
la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. En caso de confirmarse el
desacato, podrían imponerse sanciones como multas o incluso arresto, como
ocurrió en un caso similar contra el expresidente Iván Duque en 2022.
Las demás entidades
inicialmente vinculadas en la tutela, como el Ministerio de Ambiente, Parques
Nacionales, Cortolima, Corpocaldas y la Gobernación de Caldas, fueron
desvinculadas del proceso. Presidencia, a través del Departamento
Administrativo de la Presidencia (DAPRE), ya presentó su contestación ante el
tribunal, mientras que se desconoce si la Gobernación del Tolima ha hecho lo
mismo. Ambas partes tenían un plazo de tres días para responder a la
notificación.
